El ministro de Desregulación de Argentina, Federico Sturzenegger, presentó un nuevo proyecto de ley destinado a modernizar las reglas del mercado de capitales. La propuesta permitiría a los fondos de inversión destinar recursos a activos digitales y autorizaría a las empresas a emitir valores utilizando tecnología descentralizada. Además, otorgaría plena validez legal a los contratos inteligentes.
Qué cambiaría con la nueva ley
La iniciativa apunta a reformar lo que el ministro calificó como normativas obsoletas del mercado de capitales. Actualmente, los fondos de inversión tienen restricciones para operar con activos más allá de los tradicionales, como acciones y bonos. Con la nueva ley, se abriría la puerta a criptomonedas y valores tokenizados. También se permitiría la emisión de valores a través de plataformas descentralizadas, sin la intermediación obligatoria de bolsas y cámaras compensadoras.
Sturzenegger señaló que estos cambios buscan hacer más competitivo el sistema financiero argentino. El proyecto no especifica qué activos digitales serán elegibles, dejando esa definición a futuras regulaciones.
Reconocimiento legal de los contratos inteligentes
Otro punto clave es el reconocimiento jurídico de los contratos inteligentes (smart contracts). Estos son acuerdos autoejecutables cuyos términos se escriben directamente en código informático. La ley propuesta les daría la misma fuerza vinculante que a los contratos tradicionales, lo que podría reducir la necesidad de intermediarios y agilizar transacciones en sectores como el inmobiliario, los seguros y la cadena de suministro.
Contexto y próximos pasos
Argentina ya había dado pasos hacia la adopción de activos digitales, como una ley de 2022 que permitió a los bancos ofrecer servicios con criptomonedas. Esta nueva propuesta va más allá al integrar los activos digitales en la estructura general del mercado de capitales.
La oficina de Sturzenegger argumentó que las reglas actuales fueron escritas antes de que existiera la tecnología blockchain y necesitan una actualización urgente. El proyecto forma parte de una agenda más amplia de desregulación impulsada por el presidente Javier Milei, quien ha prometido reducir el control estatal sobre la economía.
La propuesta ahora pasa al Congreso, donde será debatida. Su aprobación es incierta, pero el gobierno la ha declarado una prioridad.



