El FMI concluyó el 1 de octubre la segunda y tercera revisión del programa de préstamos de 1.400 millones de dólares para El Salvador, autorizando un desembolso inmediato de 101,96 millones de DEG (aproximadamente 138 millones de dólares). Las revisiones se habían demorado debido a criterios de desempeño vinculados a la acumulación de Bitcoin, y el organismo únicamente dio luz verde después de que las autoridades salvadoreñas adoptaran medidas correctivas y renovaran sus compromisos para limitar nuevas adquisiciones estatales. Ese es el acuerdo: fondos inmediatos a cambio de contención en las reservas.
Las exenciones y lo que no cubren
El FMI otorgó exenciones por el incumplimiento de criterios de desempeño ligados a la acumulación de Bitcoin. En términos sencillos, El Salvador no alcanzó una meta y el fondo decidió pasarlo por alto. Lo que no hizo fue retirar la restricción en sí. Bajo el programa, no se contempla ninguna acumulación adicional de Bitcoin más allá de donaciones debidamente documentadas, lo que mantiene el límite que impide al gobierno reanudar compras financiadas con fondos públicos. El FMI ha trazado una línea estricta entre las monedas adquiridas con recursos del Estado y aquellas recibidas mediante donaciones certificadas. Los saldos de reserva pueden aumentar sin que esto implique que el gobierno haya reanudado las compras. Esa distinción es crucial, ya que representa la diferencia entre una donación ingresada en una billetera digital y un cambio de política económica.
Actualmente, El Salvador posee cerca de 7.794,37 Bitcoin, valuados en aproximadamente 666,1 millones de dólares.
Chivo sale de las cuentas públicas, en su mayor parte
El gobierno transfirió la propiedad mayoritaria y el control de la billetera Chivo, respaldada por el Estado, a un operador privado. Se trata de un paso requerido por el FMI, aunque el proceso aún no ha finalizado. El organismo señaló que la exposición restante del sector público todavía debe liquidarse en su totalidad. Chivo ha sido el cabo suelto más visible del programa, y la venta de una participación mayoritaria no resuelve el asunto si el Estado conserva exposición financiera. El lenguaje del FMI deja claro que la parte pendiente, aun siendo menor que la totalidad, sigue teniendo peso relevante.
Lo que exige el fondo antes de la próxima revisión
Hay tres prioridades en la agenda: mayor transparencia en la divulgación de las tenencias de criptoactivos del sector público, una regulación y gobernanza más estrictas para los proveedores de activos digitales, y reformas a la Ley de Emisión de Activos Digitales donde sea necesario. El punto sobre la divulgación es el que se vincula directamente con las exenciones otorgadas. Las revisiones futuras dependerán en parte de que El Salvador pueda documentar los movimientos en su saldo de Bitcoin mientras concluye la desvinculación de Chivo y las reformas de transparencia. Si el balance varía sin que los informes oficiales lo justifiquen, el gobierno podría verse obligado a solicitar una nueva exención antes de acceder a más financiamiento del programa.
Según el fondo, el resto del programa avanza según lo previsto. La consolidación fiscal progresa en línea general con los objetivos, y las metas de reservas y liquidez se han cumplido con holgura. El Servicio Ampliado del FMI (SAF) a 40 meses fue aprobado en febrero de 2025 y se fundamenta en el ajuste fiscal, el fortalecimiento de las reservas y reformas en el sector financiero. En esos aspectos, El Salvador está cumpliendo lo prometido.
El próximo punto de control
El desembolso otorga margen de maniobra, pero no inmunidad. Las próximas revisiones pondrán a prueba la capacidad del gobierno para justificar cada variación en su saldo de Bitcoin —donaciones incluidas— mientras culmina la desvinculación de Chivo y aprueba las modificaciones regulatorias y de transparencia solicitadas por el FMI. Cualquier acumulación no justificada devolverá al país al terreno de las exenciones. Ese será el factor determinante a seguir de cara a la próxima revisión.
